Desconocidos robaron el pabellón nacional del asta de la Plaza de la Bandera a plena luz del día
11:51 | Un zapatero que trabaja en una calle aledaña fue quien se percató de que la bandera no flameaba al centro del lugar ubicado en los límites de Breña y Pueblo Libre. El hurto se habría dado antes de las 4 p.m. del sábado
La presidenta de la Asociación Cívica de la Plaza de la Bandera, Catalina Ciccia viuda de Chávez, denunció la desaparición del pabellón nacional que se iza de lunes a sábado en la Plaza de la Bandera, ubicada en el límite de Lima y los distritos de Breña y Pueblo Libre.
Señaló que por ese motivo desde el lunes 5 de enero la bandera bicolor no flamea en la tradicional plaza. "El pabellón nacional se iza y se arria seis veces a la semana desde hace 18 años, y lo que aspiramos nosotros, los vecinos, es convertirla, con el apoyo de todos los peruanos, en un altar de nuestros símbolos patrios", dijo.
Detalló que el pabellón nacional robado era de 3 metros de alto y dos de ancho. "Desde que se iza la bandera en tres o cuatro oportunidades, desapareció la driza (cordón), pero nunca el pabellón nacional y menos en el día", comentó.
Indicó que la tarde del sábado 3 de enero Nicolás Leonidas Alata, el zapatero que trabaja en la esquina que da a la Plaza de la Bandera, dirigió su mirada hacia el símbolo patrio cuando vio con sorpresa que ya no estaba. "Eran como las cuatro de la tarde", expresó; por lo que el robo se habría producido entre la una y antes de las cuatro de la tarde.
DOÑA CICCIA DONÓ LA BANDERA
Ambos coincidieron en responsabilizar a los padres de familia que no inculcan a sus hijos los valores patrióticos. "Hay personas que parecen que no se dan cuenta que la bandera bicolor es la identidad de todos los peruanos; otros no valoran las obras que se hacen con tanto esfuerzo, se pagan con nuestras obligaciones tributarias y es para beneficios de todos nosotros", destacó, al explicar el acto como la autodestrucción de algunos malos peruanos.
Doña Catalina también recordó que el pabellón nacional desaparecido fue una donación de ella, en vista que la que le otorgó el Ministerio del Interior se maltrató por los fuertes vientos, el polvo y el smog. "La bandera debe ser renovada cada año, luego se entrega a la Comandancia General de Armas para que, en una ceremonia especial, sea incinerada", comentó.
Asimismo, invocó a las municipalidades comprometidas con dicha plaza a reunirse con la comisión, a fin de establecer juntos un sistema que permita realizar una guardianía permanente y coordinar con la comunidad para que padres y maestros enseñen a las nuevas generaciones a querer y respetar los símbolos patrios.
Ciccia recordó que por largos años la asociación que preside, y que también dirigió su finado esposo, impulsa el tradicional acto de saludo a la bandera en la referida plaza.
LANZA PROYECTO
La Asociación Cívica de la Plaza de la Bandera busca convertir el lugar en un homenaje nacional a la bandera. El proyecto contempla cinco módulos erigidos a los héroes, así como un museo que ilustre a los turistas nacionales y extranjeros sobre la historia de nuestra bicolor.
"Creo que el Perú merece tener bien en alto nuestra bandera", expresó Catalina Ciccia, quien es natural de Ica y de padres italianos.
La dama, por largos años se preocupa de articular instancias públicas y privadas, con el fin de difundir la correcta forma de exhibir nuestros símbolos patrios, particularmente el de la bandera nacional. Por esa razón es una de las principales invitadas en las ceremonias castrenses.
Por eso insiste en el proyecto, que demandaría una inversión de 190 mil nuevos soles.
DATOS
En la Plaza de la Bandera destaca en el medio el asta mayor, donde se iza la bandera de 13.5 por 9 metros de ancho.
A un lado figuran otras cuatro astas, tres de ellas para las banderas de las municipalidades de Lima, Breña y Pueblo Libre.
La bandera nacional (menor), que se iza de lunes a sábado, es la desaparecida y su pérdida fue denunciada en la comisaría de Breña.
El blindaje penal de la bandera española: notas sobre un despropósito
Jueves 22 de mayo de 2008 NODO50Gerardo Pisarello/Jaume Asens
El más evidente es que la bandera española, al igual que la unidad del Estado, no se encuentran desprotegidas sino celosamente blindadas por el sistema político. En primer lugar, por lo que el británico Michael Billing ha llamado el “nacionalismo banal”. Este tipo de nacionalismo pocas veces es admitido por quienes lo ejercen. No obstante, opera a través de mecanismos cotidianos como la presencia de los símbolos del Estado en edificios oficiales, monedas, competiciones deportivas o sencillamente en el vocabulario asumido acríticamente por medios de comunicación, políticos y personajes públicos, entre otros. En segundo lugar, por el propio aparato coactivo estatal. Según la ley de banderas de 1981, la insignia española es signo de “unidad e integridad de la patria”. La preservación de estos valores es la finalidad que la Constitución española encomienda al ejército en su artículo 8, un precepto sin parangón en el ámbito europeo que reproduce casi sin modificaciones el artículo 38 de la Ley Orgánica del Estado franquista. También son éstos los bienes jurídicos que protege el delito de ultraje a la bandera. No por casualidad, este tipo penal se encuentra sintomáticamente situado junto al de “ofensas a España”, y sus orígenes pueden rastrearse en la Ley de seguridad del Estado franquista, de 1941. Esta normativa fue profusamente utilizada para perseguir los llamados actos de traición espiritual a la Nación española, como las proclamas de “vivas” o “mueras”; las primeras, generalmente, referidas a Euskadi, Cataluña o Galicia, y las segundas, a España.
En teoría, también las banderas autonómicas gozan, en la actualidad, de protección jurídica. En la práctica, no obstante, los únicos agravios perseguidos, presentados como desórdenes públicos y sancionados de manera ejemplar, son los relacionadas con la bandera bicolor. Toda la jurisprudencia del delito hace referencia a ultrajes a la nación española o al sentimiento de su unidad indivisible. En cambio, los grupos de extrema derecha que ultrajan símbolos catalanes o vascos, a menudo de forma disruptiva, rara vez suelen tener problemas con la justicia.
La asimetría es evidente y la propia ley da pie a que se produzca. En 2002, el Partido Popular impulsó un pacto con el PSOE que asegurara la presencia en la Plaza Colón de Madrid de una bandera española de casi trescientos metros cuadrados en un mástil de cincuenta metros de altura. El objetivo era que el ejército la izara, entre otros actos, durante el onomástico de Juan Carlos I y el día de la Hispanidad, hasta hace poco conocido como Día de la Raza. De esa manera, se intentaba reflejar el “lugar preferente y de honor” que la ley de 1981 reserva a la bandera española en relación con cualquier otra autonómica, que nunca “podrán tener mayor tamaño” (artículo 6).
Los intentos de minimización de los símbolos autonómicos se extienden igualmente a otros con importante carga histórica, como los republicanos. El republicanismo, como el independentismo, son idearios políticos considerados legítimos por el propio sistema constitucional español. A pesar de ello, el Ministerio Fiscal solicitó recientemente una severa pena de prisión para el activista madrileño Jaume d’Urgell, quien, en un acto simbólico de “restitución democrática”, sustituyó en un edificio público la bandera rojigualda por una tricolor. Hace poco, también, la Guardia Civil irrumpió en un local de Izquierda Unida en Medina Sidonia, Cádiz, para incautar una bandera republicana por su supuesta “inconstitucionalidad”. Todo esto mientras la bandera franquista –la que lleva el escudo con el águila de San Juan incluida- ondea sin mayores molestias en manifestaciones de la Iglesia o de la derecha política, así como en la fachada de locales regentados por nostálgicos de la dictadura.
En un contexto así, presentar la críticas a lo que la bandera española representa como gratuitas manifestaciones radicales que incitan a la violencia resulta un reduccionismo pueril. Más bien, dichas críticas son la reacción al uso prepotente y no pocas veces violento de un símbolo que, aunque remozado, sigue representando para muchos una herencia del régimen franquista. La utilización de la bandera como arma arrojadiza por parte de la derecha más recalcitrante no hace sino confirmar esta percepción. Basta con la esperpéntica exhibición del peñón de Perejil o recordar las arengas patrioteras de Mariano Rajoy cuando pedía “sin aspavientos, pero con orgullo” sacar a las calles las banderas rojigualdas para “celebrar” el 12 de octubre.
En 1989, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos consideró, en el caso Johnson v. Texas, que la quema de la bandera por razones políticas debía entenderse como un ejercicio simbólico de libertad de expresión y no como un acto de incitación a la violencia. Hasta el muy conservador juez Antoni Scalia suscribió el fallo, que el juez William Brennan motivó con un argumento decisivo: las críticas a la bandera, incluida su quema, debían admitirse precisamente porque la bandera de los Estados Unidos pretende, ante todo, ser un símbolo de libertad. Desde entonces, los sectores conservadores han intentado de manera infructuosa impulsar una reforma constitucional de la Primera Enmienda que desactivara este precedente. Cuando se coteja esta realidad con la española, los interrogantes son inevitables: ¿qué simboliza una bandera que necesita dotarse de una coraza institucional y penal tan desmesurada? ¿Qué torna tan grave, como cantaba George Brassens, el pecado de no “seguir al abanderado”?
Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.
Jaume Asens es miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona
Fuente: Rebelión
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